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En el marco de la iniciativa de garantizar el derecho a una vivienda digna tal como lo estipula la Constitución, se promulgó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta ley, que ha atravesado varios estadios de aprobación a lo largo del 2022 y 2023, se inscribe en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene como objetivo principal abordar las dificultades que enfrentan los grupos más vulnerables en términos de acceso a una vivienda digna.
A tan solo unas semanas de su implementación, esta nueva normativa ha generado dudas y consultas por parte de los propietarios de inmuebles, sobre todo respecto a los aspectos fiscales y los nuevos límites impuestos al precio de alquiler. A continuación, desglosamos los puntos más destacados de esta ley y cómo impacta tanto a inquilinos como a propietarios.
Implicaciones para los Propietarios
Zona Tensionada
- Definición y Delimitación: Las zonas tensionadas serán aquellas áreas que presenten una demanda muy alta, y será tarea de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos definir estas zonas. Para ser considerada como tal, el gasto medio de vivienda (incluyendo suministros básicos) en esa área deberá superar el 30% de los ingresos medios de los hogares.
- Obligaciones de los Propietarios: Los propietarios que posean más de 5 viviendas en alquiler deberán reducir los precios de alquiler en estas zonas tensionadas.
Tope de Precio del Alquiler
- Año 2023: Durante el año 2023, los propietarios no podrán incrementar el alquiler en más de un 3% anual.
- A partir de 2024: Se introducirá un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler que sustituirá al IPC, evitando así incrementos desproporcionados en la renta.
Incentivos Fiscales
- Desde 2024: Se establecerán incentivos fiscales para los propietarios que ofrezcan alquileres a precios reducidos, con una reducción del 90% en el IRPF sobre el rendimiento neto. Además, se ofrece una deducción del 70% sobre el rendimiento neto para las viviendas alquiladas a jóvenes entre 18 y 35 años en zonas tensionadas.
Gastos de Gestión Inmobiliaria
- Desde mayo de 2023: Los propietarios serán responsables de cubrir los gastos de gestión inmobiliaria y los costos de formalización del contrato.
Medidas Generales de la Ley
- Ampliación y Fortalecimiento de la Vivienda Pública: Incluye la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar su venta a fondos de inversión, y garantiza un período mínimo de 30 años de protección para las viviendas protegidas.
- Limitación del Incremento de Alquileres: Establece medidas para limitar los incrementos de alquiler, especialmente en zonas tensionadas, y ofrece beneficios fiscales y urbanísticos para viviendas de alquiler a precios reducidos.
- Protección Contra Desahucios: Mejora la protección contra desahucios, especialmente para individuos en situaciones vulnerables, estableciendo procedimientos de conciliación y mediación.
Esta nueva ley modifica la Ley 1/2000 del 7 de enero, con el fin de establecer un conjunto de normas que protejan a los inquilinos en situaciones de vulnerabilidad, facilitando su acceso a viviendas sociales y asequibles y regulando los procesos de desalojo. Además, con la puesta en marcha de esta ley, se espera una ampliación significativa del parque de vivienda pública a precios asequibles.
Sin embargo, los propietarios también deben estar preparados para adaptarse a las nuevas normativas, que incluyen limitaciones en el precio del alquiler, incentivos fiscales y nuevas responsabilidades en términos de gastos de gestión inmobiliaria. Para cumplir con estas nuevas regulaciones, se les aconseja que se informen adecuadamente y ajusten sus prácticas actuales de alquiler de acuerdo a lo estipulado por la ley.
